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Otra mirada

AUMENTO DE LAS INICIATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Otra mirada

Existen varias experiencias alternativas de entender el mercado como ordenador dinámico de la sociedad. Se requiere financiamiento a nuevas modalidades de organización de entidades solidarias.

 Por Carlos Fidel *

En las últimas décadas algunos campos del pensamiento social tendieron a relacionarse con conceptos que pueden reconocer su alusión a una “lógica económica” específica. Se han enmarcado en una prolongación de las ideas liberales construidas en el siglo XIX. En muchas casos sustentadas en base a una serie de fundamentos matemáticos. Estos fueron abordados desde un enfoque estrecho y abstracto que se centró en los mecanismos del funcionamiento del mercado como el factor ordenador más dinámico y eficaz de la sociedad.

Esta corriente propone que el mercado alcance su máximo despliegue. Para ello hay que independizarlo de toda intervención espuria. Tal es el caso del Estado u otro actor colectivo o individual. Por esa simple vía es que se puede lograr la eficaz utilización de las capacidades productivas. De tal modo que la libertad y el mercado están totalmente imbricados.

En este enfoque apologético, con las innovaciones tecnológicas de soporte digital aplicadas a la comunicación y al traslado de bienes y personas, el “mercado” diluye las diferencias regionales. Y, con la emergencia de la primacía del capital financiero, la configuración del mercado adopta fluidas relaciones a escala mundial. Por este camino el mercado debería adquirir autonomía. Por ende, se van a borrar los relieves, los conflictos, las particulares de los segmentos propios de toda sociedad. También los nexos sociales articulados por las intervenciones de las negociaciones resultantes de las instancias políticas.

Mientras el anterior esquema neoliberal se tornaba hegemónico en el pensamiento académico, atravesaba el diseño de las políticas nacionales y de los organismos multilaterales de crédito, simultáneamente se fueron generando orientaciones de pensamiento y acciones heterodoxas que retomaron tradiciones alternativas al pensamiento que expresa el poder concentrado. En ese sentido se puede localizar múltiples iniciativas prácticas y/o teóricas en la temática en el campo de la denominada “economía social o solidaria”.

En este nuevo espacio de reflexión y acción hay varias experiencias y aportes latinoamericanos necesarios de considerar y valorar. Tienen efectos potentes en los movimientos sociales y en la intervención de actores colectivos, que van expandiendo nuevas redes de interacción eslabonados de formas participativas e igualitarias.

Los últimos cambios de la conducción que se registraron en nuestro país en el Banco Central, sumado a la iniciativa regional con la creación del Banco del Sur, pueden ser dos piezas claves para financiar y apoyar técnicamente a nuevas modalidades de organización y fomento de entidades democráticas y solidarias, compuestos con miembros de nuevos productores/consumidores que generen “mercados” operativos, alternativos, innovadores y abiertos.

Ahí se encuentra una oportunidad de cambiar y mejorar la situación social.

* Docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director de la Revista de Ciencias Sociales, Segunda Epoca.

original en suplemento CASH:

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4215-2010-03-18.html

 

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En Observatorio Económico de la RED MERCOSUR, se publican estos 2 artículos:

Argentina: El espejismo de un equilibrio inflacionario al 30%

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Martes 16 de Marzo de 2010 13:12
Por José María Fanelli

El gobierno se prepara para una travesía en el desierto con problemas en el suministro de agua y sin contar con un buen mapa. La analogía se justifica porque de aquí al final del mandato el ejecutivo deberá transitar por un sendero en el que se verá presionado por fuertes demandas sectoriales, sociales y de su clientela política sin contar con suficiente poder político y recursos fiscales para arbitrar y ordenar esas demandas. De hecho, el gobierno venía ya transitando por el desierto, debido a que su caudal político se venía erosionando prácticamente sin pausa al menos desde el conflicto con el campo. Sin embargo, hasta ahora había logrado mantener un suministro razonable de agua. Había conseguido los recursos fiscales para financiar lo que fue su estrategia básica: aumentar el gasto público a los efectos de evitar un deterioro aún más acelerado de su poder político. Subiendo el gasto, las autoridades lograron satisfacer demandas de grupos políticamente afines (gobernadores; dirigentes sociales); evitar conflictos con sectores con alta capacidad de presión (ciertos gremios) o posponer ajustes de precios relativos (transporte, energía). Por supuesto, conseguir los recursos para financiar el aumento constante del gasto no fue sencillo e implicó costos políticos crecientes.

Para generar esos recursos, las autoridades debieron recurrir a cambios poco ortodoxos de las reglas de juego, como la nacionalización del sistema privado de jubilaciones o los cambios en la metodología del INDEC, que significaron ahorros en los servicios de deuda. El último paso de esta estrategia fue el intento de apropiarse de parte de las reservas a través del DNU que creó el Fondo del Bicentenario y, luego de fracasado éste, su clon el Fondo de Desendeudamiento. Más allá de las formas, lo cierto es que la estrategia del gobierno se mantiene incólume: mantener el gasto público creciendo a tasas no sostenibles y financiarlo recurriendo a fondos acumulados en épocas mejores, aún cuando no esté claro que legalmente el gobierno pueda disponer de tales fondos. La novedad en el caso del Fondo del Bicentenario no vino del gobierno sino de la oposición: al reflejarse finalmente en el Congreso el resultado de la elección de junio los legisladores no oficialistas pusieron un límite más preciso a la libertad que había gozado el gobierno para manipular las instituciones en busca de recursos.

Es esta nueva realidad, justamente, la que justifica la analogía con los problemas de suministro de agua: será mucho más costoso políticamente en el futuro hacerse de los recursos, aún cuando estos se encuentran efectivamente en el Banco Central, el Banco Nación o la ANSES. Nótese que el problema es, en primer lugar, institucional: aún cuando los recursos estén, será difícil disponer de ellos o hacerlo sin que el hecho mismo de la apropiación heterodoxa genere una incertidumbre de consecuencias nefastas, por ejemplo incentivando la fuga de capitales.

La analogía con un mapa de mala calidad, a su vez, pretende resaltar dos cuestiones. La primera es que no hay lineamientos claros de política y esta falencia se agudiza por el “ruido” del conflicto  con el Banco Central y los rumores sobre la pérdida de influencia del ministro Boudou; la segunda es que es difícil saber, incluso, qué está ocurriendo en la economía: el INDEC sigue sin brindar información fidedigna sobre precios y actividad.

Estos hechos indican que el gobierno no le está brindando a la economía de manera satisfactoria tres servicios que sólo el Estado puede ofrecer: seguridad jurídica, mediación en la puja distributiva entre sectores y coordinación de las expectativas del sector privado mediante políticas claras y transparencia informativa. Estas falencias están teniendo efectos que son directamente observables y que podría decirse que son de libro de texto. Vale destacar los siguientes efectos.

Primero aceleración inflacionaria por empuje de costos. Este empuje se está dando por varios factores: empuje de salarios debido a paritarias que comienzan con demandas nominales de aumentos excesivas; cambios efectivos o esperados en precios relativos clave (alimentos, energía); restricciones de oferta por efecto de las políticas erráticas de la secretaría de comercio, la ONCCA, etc.

Segundo, inversión deprimida por la dificultad para formar expectativas aún sobre el futuro cercano y por temor a emprender negocios nuevos en un clima enrarecido por  conflictos políticos y derechos de propiedad débiles (ley de medios, Telecom, Papel Prensa). Vale acotar, no obstante, que el nivel de actividad se ha reanimado un tanto debido a que el alto gasto público ha contribuido a mantener la demanda agregada y el consumo privado también se ha mantenido dentro de parámetros razonables.

Tercero, revitalización de la salida de capitales con la inversión en activos externos actuando como refugio contra la inseguridad jurídica. Hay que recordar, en relación con esto, que en el período inmediato anterior al DNU de las reservas, la fuga de capitales se había debilitado mucho debido a la mejora relativa en la situación internacional. El nuevo golpe a la seguridad jurídica que significó el DNU tuvo el mismo efecto que la nacionalización de las AFJP y el conflicto con el campo: avivar la salida de capitales.

Nótese que debido al fuerte superávit comercial las reservas internacionales deberían estar subiendo por encima de los mil millones de dólares mensuales y, en cambio, están más o menos estancadas. En este sentido, el Fondo del Bicentenario representó un intento de mejorar el suministro de agua recogiéndola con un balde agujereado: el gobierno ha llevado la tensión institucional al límite por un fondo de algo más de 6.000 millones de dólares y por la incertidumbre que ello genera, la economía deja de recibir más de 1000 millones mensuales.

Está claro que la Argentina en su conjunto, por estar generando superávit de cuenta corriente, es un país al cual le “sobran” dólares. La falta de dólares no podría ser la causa para un default de la deuda. En realidad, el sector privado podría hoy financiar todo el déficit fiscal sin inconveniente. El problema es que el gobierno no es creíble financieramente y, por lo tanto, muy poca gente quiere prestarle. En el contexto actual, las autoridades deberían estar accediendo a financiamiento a tasas bastante bajas ya que hay ahorro privado suficiente y las tasas en el exterior son reducidas. Si no puede hacerlo es debido al premio de riesgo que debe pagar y que es el precio que el mercado le pone a políticas inconsistentes, que generan desconfianza. La forma más sencilla de hacerse una idea respecto de cuán bajas podrían ser las tasas es constatar que hay varios miles de millones de dólares depositados a tasa prácticamente nula en el sistema bancario y que los bancos no encuentran a quién prestar: las firmas exportadoras que podrían tomar esos créditos no invierten y el estado no es creíble.

Esta situación es una ilustración simple de los costos que representa para una economía el hecho de que el Estado no brinde los servicios de seguridad jurídica como debería: las empresas no invierten aún con crédito barato, los depositantes deben conformarse con tasas ridículamente bajas y el Estado debe elegir entre endeudarse a tasas excesivas o violar la Carta Orgánica del Banco Central. Muchos economistas académicos afirman que el objeto de estudio básico de la macroeconomía son las fallas de coordinación que llevan a que la sociedad desperdicie los recursos que están disponibles. La situación actual de la macroeconomía argentina parece darles la razón: la restricción más importante que hoy tiene la Argentina no es la escasez de recursos; la restricción operativa son las distorsiones fiscales y de precios relativos que impiden utilizar bien los recursos que ya existen. El problema no es la escasez de ahorro para financiar la inversión; el problema es la depresión de la inversión por la incertidumbre política.

En realidad, el sector público no tiene hoy baja capacidad de generar recursos propios ni padece de sobreendeudamiento: la recaudación tributaria en relación al producto es la más alta de la historia; es mucho más alta que la media histórica (alrededor de un tercio superior en relación al PBI). ¿Donde está entonces el problema para que exista una sensación de inestabilidad inminente? En primer lugar, en un gasto público que crece de manera insostenible desde por lo menos 2007. Cualquier nivel de recaudación es escaso si el gasto público crece 30 por ciento por año. En segundo lugar, en el hecho que el gobierno no tiene acceso a los mercados y no puede refinanciar de manera voluntaria la deuda que vence. Esta es la causa de la necesidad de hacer por decreto fondos para “desendeudarse” y es un ejemplo de la ancestral estrategia de hacer de la necesidad, virtud. Una consecuencia positiva de esta estrategia, no obstante, es que aún estando lejos de ser óptima se revertirá en caídas del endeudamiento en el futuro. Dada la asignación que se observa de los recursos disponibles, el repago más acelerado de la deuda está lejos de ser lo más criticable.

De este panorama se sigue que, para evaluar cómo puede evolucionar la economía, hay que observar qué puede ocurrir en el futuro con los factores que están generando las fallas de coordinación. Entre esos factores, el fundamental en la actualidad es que el gobierno ha dejado trascender que tiene un significativo desequilibrio presupuestario, muy superior al que declaró en el presupuesto aprobado por el Congreso (sería de alrededor de 50.000 millones de pesos). Al gobierno no le cierran las cuentas fiscales sobre todo porque no tendrá disponibles recursos que sí tuvo en el año 2009, como los DEG que asignó el FMI por única vez y el crédito bancario apropiado vía Banco Nación.

Como de la nada no viene nada, o bien el gobierno reduce el déficit o bien alguien termina financiándolo, voluntaria o involuntariamente. Más específicamente, sólo pueden darse las siguientes alternativas: (a) bajar el gasto; (b) endeudarse; (c) reducir tenencias de activos propios; (d) aumentar impuestos existentes o crear nuevos. Vale la pena analizar brevemente estas alternativas:

(a) Reducción del gasto: el gasto no sólo no bajará sino que va a seguir aumentando a un ritmo significativo de la mano de los aumentos salariales. Además, las provincias presionan sobre el gobierno central ya que ellas tampoco desean realizar un ajuste. Para que el gobierno se decida por la alternativa de bajar el gasto debería realizar un giro abrupto en las estrategias que viene siguiendo y que ya fueron comentadas. Básicamente necesitaría negociar con la oposición y no está claro por qué la oposición se haría socia del gobierno en el ajuste.(b) Endeudarse: Esta sería una alternativa viable por las razones ya mencionadas, pero sería necesario mejorar la credibilidad. Para acceder a algo de financiamiento internacional, una condición que parece necesaria es que avance el canje de deuda. En su momento se dijo que los bancos estarían dispuestos a prestar unos 1000 millones de dólares. El nivel de incertidumbre y el valor de mercado de los bonos impiden evaluar claramente la viabilidad de esta opción. Hay que considerar que las tasas de interés mundiales siguen estando bajas por la crisis y ha vuelto en parte el apetito por el riesgo, lo cual puede ayudar en algo siempre que la situación de Grecia se maneje con criterio. Con el fondo de desendeudamiento el gobierno pretendió enviar una señal de confianza a los mercados de forma de aprovechar esta situación, pero con el objeto de establecer el fondo forzó la interpretación de la ley y, por lo tanto, el mensaje no tuvo los efectos esperados.

Hoy por hoy, en los mercados de crédito se observa la paradoja de un gobierno sediento de fondos mientras discurre ante sus ojos un alegre arroyo de liquidez privada que desemboca en los mercados del exterior. Como la tentación ante este paisaje puede resultar irresistible, es bastante probable que el gobierno recurra a la colocación de deuda más o menos forzada en los bancos como forma de apropiarse de la liquidez existente para financiarse. Otro factor que habla a favor de esta opción es que la exposición de los bancos al sector público no es alta. Esta estrategia ya se aplicó con el Banco Nación el año pasado; y de manera tan decidida que se alcanzó el límite de endeudamiento permitido.

(c) Reducir activos propios: Esta estrategia se utilizará de ser necesario. El fondo más a mano y de relevancia es, por supuesto, el fondo de sustentabilidad del sistema provisional.

(d) Aumentar impuestos: La recaudación tributaria muestra tendencia creciente debido a la cosecha de soja a buenos precios y la reactivación. Como se dijo, el problema no es que la recaudación no aumenta sino que el gasto público aumenta a un ritmo muy superior. Un problema adicional que surgió en el contexto de las discusiones sobre el DNU de las reservas es que ahora las provincias están reclamando una porción mayor de coparticipación o una porción de las reservas. La coparticiapación del impuesto al cheque representaría un agravamiento significativo del desequilibrio del gobierno central, aunque no está claro que vaya a prosperar. Es algo irónico que en su lucha por hacerse de más recursos apropiándose de las reservas, el gobierno haya terminado pagando el costo de reabrir la discusión sobre la coparticipación del impuesto al cheque sin recibir aún el beneficio de disponer de las reservas. Queda la opción de crear impuestos nuevos. Pero una Cámara de Diputados hostil no ayuda.

El gobierno ha optado, ante este contexto, por aumentar un impuesto que ya existe y no es legislado por el Congreso: el impuesto inflacionario. La única restricción para recaudar más de este impuesto era, justamente, la Carta Orgánica del BCRA que imponía un límite a la cantidad de recursos que el BCRA puede pasarle a la Tesorería. Esto es un problema porque la “recaudación” del impuesto inflacionario queda naturalmente en manos del Banco Central: el impuesto se “recauda” porque la base monetaria tiene valor fijo y los activos del Central, no. Por ejemplo, las reservas se valorizan con el dólar y, cuando ello ocurre, el Central tiene una ganancia de capital que aumenta su patrimonio, no el patrimonio de la Tesorería, que es la que necesita el dinero.

Muy probablemente, por diferentes medios, el gobierno logrará finalmente hacerse con el fruto del impuesto inflacionario. Sea vía DNU, sea vía Ley del Congreso en reemplazo del decreto, sea por la vía de “inventar” utilidades del BCRA provenientes de la valorización de las reservas que luego se pasan al gobierno en su carácter de accionista del BCRA.

Una vez que quede liberado el camino para emitir dinero según las necesidades de la tesorería, el gobierno terminará colocando la inflación en el nivel que haga falta para financiar el gasto público, que no desea ajustar. En la actualidad, se puede pensar que con una inflación de “equilibrio” del 30% se recaudará suficiente impuesto inflacionario como para llenar las necesidades del gobierno. Así, comenzando su camino en el desierto, el gobierno podrá pensar que ya no tendrá problemas con el suministro de agua. Claro que también hay que considerar que el desierto tiene sus reglas: quienes tienen sed suelen padecer espejismos. Este peligro no se puede descartar: la noción de inflación de “equilibrio” puede que sea un espejismo. En primer lugar, hay que considerar que esta noción es una contradicción en los términos: la inflación se define como una situación de desequilibrio en que la demanda es mayor que la oferta, sea porque la demanda es muy alta, sea porque la oferta no se adapta. Segundo, hay fuertes indicios de que es extremadamente difícil estabilizar la tasa de inflación cuando se superan los dos dígitos. Por ejemplo, en la posguerra y hasta la Convertibilidad, la Argentina lanzó todo tipo de planes para estabilizar la inflación, tanto ortodoxos como heterodoxos. Al final la hiperinflación ganó por knock-out. Algo a veces menos dramático, pero similar, le pasó a nuestros vecinos que han estado invirtiendo recursos políticos durante muchos años para lograr reducir la inflación por debajo de un dígito.

En definitiva, la estrategia del gobierno de mantener el gasto y financiarlo de manera forzada, sea recurriendo a la liquidez en los bancos, sea al impuesto inflacionario, no necesariamente tiene probabilidad cero de tener éxito en el muy corto plazo. El punto más importante es que se trata de una estrategia de muy alto costo político y económico porque supone la aceleración de la inflación y porque expone a la economía a fuertes inestabilidades, por ejemplo, ante la ocurrencia de shocks externos o ante una profundización de los conflictos distributivos.

 

Argentina: incertidumbre e inflación, los desafíos del 2010 PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 16 de Febrero de 2010 14:06
Por José María Fanelli

La incertidumbre ha vuelto a ser el rasgo más saliente de la coyuntura. Este hecho tiene su origen en dos factores centrales. El primer factor de generación de incertidumbre es la obstinada estrategia del gobierno de evitar la búsqueda de consensos con la oposición. Antes que los acuerdos en el Congreso, las autoridades privilegian las iniciativas unilaterales y buscan alianzas coyunturales con actores específicos. Esto es, el apoyo para cada medida particular se busca, primordialmente, en grupos cuyos intereses económicos o políticos son favorecidos por las medidas en cuestión. Estas alianzas se caracterizan por su heterogeneidad y su fragilidad. Son heterogéneas porque incluyen desde intendentes, gobernadores y sindicalistas hasta líderes sociales, crony capitalists e ideólogos. Son frágiles porque dependen de iniciativas específicas y quienes son hoy aliados para un tipo de medida pueden no serlo para otras. Por supuesto, el punto que interesa a nuestro análisis no es el de juzgar la validez de esta estrategia desde una perspectiva estrictamente política sino subrayar sus implicancias económicas. En este sentido hay dos aspectos que merecen destacarse. Por un lado, se trata de una estrategia que es intensiva en el uso de recursos públicos y, por ende, hace poco creíble que el gobierno vaya a mantener bajo control un déficit fiscal que ha estado aumentando fuertemente durante el último año por las mismas razones que siguen vigentes: la necesidad de atender demandas de diferentes aliados políticos. Por otro lado, como las alianzas son frágiles y cambiantes e involucran actores con intereses muy disímiles, es muy difícil formar expectativas sobre cuáles serán los programas de trabajo que el gobierno privilegiará en el mediano plazo. Un ejemplo: el ritmo de inversión en obra pública suele depender de manera significativa de la jurisdicción política en que tal inversión se realiza. 

La segunda fuente de incertidumbre es la incapacidad de dar credibilidad a las iniciativas en el plano económico. Podría pensarse que la falta de credibilidad actual es sólo una forma más en que se manifiesta el problema de las alianzas heterogéneas en el campo político: el sector privado anticipa que las iniciativas audaces que lanza el gobierno no cuentan con bases de consenso sólidas para mantenerse a largo plazo. Esto es cierto, pero hay un hecho más: el factor “mala praxis” ha estado jugando un rol independiente, adicional y no menor en los fracasos y la falta de credibilidad de las políticas. Por supuesto, el episodio del Fondo del Bicentenario, seguido del embargo de fondos en Nueva York y las implicancias institucionales de la renuncia de Redrado es un ejemplo paradigmático en este sentido Pero no es el único y es más bien el punto culminante de una serie de pasos en falso.   

La mejor forma de ilustrar el nivel de incertidumbre que vive la economía argentina es constatar dos hechos. Ya bien comenzado el año:

•  No se sabe cuál es el programa monetario ni se sabe cuál es la meta –o, al menos, la expectativa– de inflación con que las autoridades se están manejando. 

•  No se sabe cuál será la evolución de las variables fiscales fundamentales, el nivel de financiamiento que el gobierno necesitará y cómo hará para financiarlo.

Un desbalance fiscal creciente sin financiamiento cierto

El presupuesto es el arma por excelencia que tiene el gobierno para informar al sector privado sobre los lineamientos económicos de cada año. Pero el presupuesto que aprobó el Congreso no refleja de manera realista lo que el gobierno se propone hacer este año. Por supuesto, si esta afirmación fuera realizada por la oposición podría resultar dudosa. Pero es el propio gobierno el que ha dejado en claro, a través del intento de constituir el Fondo del Bicentenario pocos días después de aprobado el presupuesto, que éste no reflejaba de manera creíble sus intenciones. Tampoco ayudó, en este sentido, que diferentes funcionarios atribuyeran al Fondo del Bicentenario diferentes objetivos: desde actuar como garantía de los pagos al exterior, hasta mecanismos para financiar el gasto de las provincias. 

De hecho, lo que el gobierno buscaba con el Fondo del Bicentenario no era más que una versión corregida y aumentada de su estrategia de financiamiento de los últimos años: recurrir a los stocks de activos acumulados en el pasado en las cuentas oficiales o privadas, aún a costa de violar la institucionalidad. Hasta ahora había hecho uso sólo una vez de las reservas (cuando le pagó al FMI) y había privilegiado el uso de fondos como los acumulados en la ANSES, en las cuentas de los particulares en las AFJP y en el Banco Nación. En todos los casos, para utilizar los fondos hubo que cambiar las reglas de juego.De hecho, los analistas esperaban que el gobierno echara mano de las reservas para pagar los vencimientos de deuda en dólares. Lo que ningún analista anticipó es que las autoridades lo harían violando la Carta Orgánica del Banco Central cuando podían apropiarse de las reservas necesarias de maneras alternativas, como la emisión de Letras de Tesorería para comprar dólares al Banco Central o el canje de letras del Banco Central en manos de los bancos por Letras del Tesoro. Las explicaciones sólo pueden ser dos: mala praxis (solución técnicamente incorrecta) o el gobierno piensa utilizar los dólares de las reservas no sólo para pagar deuda sino también para financiar gasto corriente. Esto último es incompatible con una tasa de inflación que no explote.  

Sin rumbo monetario

La información monetaria es vital para coordinar las decisiones del sector privado. Si esa información no está disponible, lo más seguro es que para minimizar costosos errores, se pospongan todas las decisiones que no son estrictamente de corto plazo. Esto tiene dos consecuencias muy negativas. Por un lado, retrasa el gasto en inversión productiva; por otro, alimenta la compra de activos externos debido a que el dinero no gastado no se deposita en el sistema financiero doméstico. Esto ya ocurrió varias veces desde 2007 en adelante: cada vez que aumentó la incertidumbre política, se cayó la inversión productiva y salieron capitales hasta el punto de no producirse acumulación significativa de reservas en un contexto de generación récord de superávit comerciales. Una de las buenas noticias del final del último trimestre de 2009 había sido, justamente, que la salida de capitales se había revertido. El efecto mala praxis de enero seguramente será un obstáculo para que tal reversión se consolide.   

El gobierno sigue sin solucionar el problema del INDEC y el programa monetario no se conoce porque ha cambiado el Presidente del Banco Central y no se ha dado a conocer ningún tipo de pauta respecto del crecimiento de los agregados monetarios que la nueva conducción considera apropiado.

Sí se han adelantado ciertas orientaciones para la nueva conducción del Central. En particular, se ha puesto de manifiesto que el BCRA buscará coordinarse en mayor medida con el resto de las políticas del gobierno, para lo cual se creó una comisión. Asimismo, se especificó que la nueva conducción buscará poner al BCRA al servicio del desarrollo y no sólo de la inflación. Estas orientaciones hacen poco, sin embargo, para despejar la incertidumbre.

Si el problema fue que el BCRA estuvo hasta ahora sólo abocado a controlar la inflación y ésta se ubica ya en el entorno del 20%, no resulta claro a qué niveles llegará la misma si ahora se agregan objetivos reales como empujar el crecimiento. Una pauta en relación a lo que piensa el sector privado la brinda el sindicato de los maestros: adelantaron que exigirán un incremento del 23%.

Mezclar en la misma bolsa la cuestión monetaria con el desarrollo sólo traerá confusión. Lo único que es necesario hacer con el Banco Central es fortalecerlo institucionalmente. En la Argentina, la falta de fortaleza institucional del Banco Central llevó continuamente a situaciones críticas. Con referirse a dos tipos de instancias de la historia reciente alcanza. La primera instancia se refiere a los episodios hiperinflacionarios de 1975, 1989 y 1990. En estos casos, la emisión del Banco Central se adaptó a las necesidades de los bancos y el gobierno y la inflación encontró pocos obstáculos para acelerarse. La segunda instancia histórica se refiere al período de convertibilidad. En este caso, el Banco Central tampoco era relevante institucionalmente. Era un mero apéndice del sistema de convertibilidad ya que, como es bien sabido, bajo un régimen de convertibilidad no existe política monetaria. Por lo tanto, la “independencia” del Banco Central era una declaración vacía en los hechos: la institución era independiente para decidir pero no tenía nada sobre qué decidir en el plano monetario. Bajo el “uno a uno” la autoridad monetaria era una caja de conversión de pesos a dólares o viceversa, según los deseos del sector privado. En realidad, el sistema de convertibilidad era una forma de declarar abiertamente la incapacidad de la sociedad argentina para construir instituciones. Es decir, se renunció a tener política monetaria propia ante la incapacidad de instituir un Banco Central creíble. La conclusión que se sigue del análisis de estos dos tipos de instancia histórica es que en la Argentina nunca hubo un Banco Central institucionalmente fuerte y preocupado por defender el valor de la moneda. Afirmar, como lo hace el gobierno, que el problema es que el Banco Central ha dado excesivo peso a la inflación y poco al crecimiento es no sólo equivocado (como lo muestra una inflación del 20%) sino que genera confusión.     

Es muy difícil anticipar, por otro lado, cómo será institucional y operativamente un Banco Central abocado a tareas de desarrollo. Los países que pueden mostrar una acción relativamente exitosa en lo que hace a financiamiento estatal para el desarrollo, como es el caso del Brasil, muestran una estructura institucional que está en las antípodas de lo que aparentemente se propone realizar el gobierno. En Brasil existe una clara y tajante separación entre el Banco Central y el BNDES (el banco estatal encargado del financiamiento a empresas).  En Brasil, el Banco Central tiene un claro mandato de cumplir con un objetivo de inflación y defender el valor de la moneda. El Banco Central no se ocupa del crédito estatal a empresas y el BNDES no tiene relación con la política anti-inflacionaria.

Pero más allá de las cuestiones institucionales, lo cierto es que la inflación es un problema hoy. Un incremento salarial del tipo solicitado por el sindicato de maestros –que actúa como testigo– llevaría el gasto público y las necesidades de financiamiento a niveles incompatibles con tasas de inflación razonables. El BCRA, ahora preocupado por el desarrollo, ¿convalidará esta inflación pasivamente? Si la política monetaria no es la encargada de poner coto a la inflación, las alternativas son una política de ingresos o la política cambiaria.

Si la política de ingresos pasara a ser la protagonista, el gobierno no podría convalidar aumentos del orden del 23% y debería adoptar una actitud negociadora muy firme. Es muy difícil que esto ocurra porque el gobierno debería cambiar la política de alianzas heterogéneas antes descripta. Esto es obvio: un grupo de interés específico se alía en la medida que puede conseguir algo; un grupo así se forma, justamente, para presionar sobre el gasto  y no para limitarlo.

Si el instrumento anti-inflacionario fuera la política cambiaria, el dólar debería subir mucho menos que los precios. Pero claro, un dólar barato en un contexto de incertidumbre y baja entrada (o salida) de capitales es incompatible con reservas constantes: si el dólar no sube y la inflación se ubica por encima del 20%, en poco tiempo el BCRA corre el riesgo de perder muchos más dólares que los del Fondo del Bicentenario.  

En suma, si el gobierno no se ocupa de la inflación, corre el riesgo de generar demandas insostenibles de financiamiento y pérdida de reservas. De hecho esto ocurrió de manera repetida en los momentos en que el Banco Central no era independiente.

Situación internacional

Para terminar, vale acotar que los eventos del plano internacional son variados pero, en general, no han tenido efectos significativos sobre la evolución de la economía en el mes que pasó. Una noticia positiva es que el FMI actualizó hacia arriba la tasa de crecimiento esperada para el mundo, ubicándola en un 4%. Sin embargo no hay mucho lugar para el optimismo debido a que hay factores estructurales que siguen siendo preocupantes. Dos puntos merecen especial mención. Por una parte, la tasa de desempleo sigue ubicándose en niveles muy significativos a pesar de la recuperación en el nivel de actividad debido a los planes de estímulo. Por otra parte, la evolución de los déficit fiscales y de la deuda pública es preocupante, como lo muestran las cifras del presupuesto de Estados Unidos y la situación en los llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España).     

En particular, los mercados reaccionaron muy negativamente ante la posibilidad de que Grecia enfrente problemas en el futuro para cumplir con los servicios de su deuda. Por supuesto, la economía griega no tiene entidad suficiente para incidir per se en la evolución de la economía internacional. La atención que recibe se debe, sobre todo, a que podría estar anticipando los problemas que enfrentarán otras economías cuyos coeficientes de deuda pública han aumentado de manera sustancial debido a los salvatajes bancarios y el aumento de los déficit fiscales. Entre las economías más vulnerables se encuentran los PIGS. Pero la situación fiscal y de deuda pública en Inglaterra o Estados Unidos no deja mucho lugar para el optimismo.

 

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 Mercado del azúcar en la Unión Europea
 Presenta el Estudio de Mercado del azúcar en la Unión Europea (UE), elaborado por el Centro de Promoción de Importaciones de los Países en Desarrollo (CBI).
La UE el mayor demandante de azúcar
La Unión Europea representa aproximadamente el 10% del consumo de azúcar en el mundo. El mercado de azúcar de caña en bruto que no está refinado es aún pequeño, pero es creciente.
Entérese de las importaciones europeas
Las importaciones de azúcar de caña en bruto no destinadas a la refinación se han incrementado considerablemente a 263 millones de euros y 484 mil toneladas.

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Publicamos el Documento “El Desarrollo Petrolero Argentino en el Mar y sus Derechos Soberanos en Malvinas”, elaborado por ocho Ex Secretarios de Energía el día 10 del corriente en relación a la exploración petrolera en Malvinas.
Puede descargar directamente el Documento:

MalvinasExSec

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Alemania, cada vez más inclinada

hacia la demanda extraeuropea

La crisis de la UE. La competencia en el

contexto global frente a los productos de

China, India y Brasil obliga a una

reestructuración de la industria alemana.

Por: Jorge Castro

El ministro alemán de Finanzas, Wolfang Schäuble, propuso esta semana la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) “con poderes de intervención análogos a los del FMI”. La Comisión Europea (CE) aprobó su creación “antes del mes de junio”. El FME sería un prestamista de última instancia para los países de la zona euro que no puedan colocar deuda en el sistema financiero internacional a tasas tolerables, como arriesga ocurrir con Grecia hoy, o quizás con España mañana.

Hay dos clases de países en la zona euro (UE-16). Una es Alemania (RFA), la segunda exportadora mundial, con un superávit de cuenta corriente que alcanzó 195.000 millones de dólares en 2007 (6% del PBI mundial).
Las exportaciones alemanas representan 47% del PBI y eran 20% a principios de 1990. El carácter sincronizado de la recuperación de la economía mundial -como sincronizada fue su caída- vuelve a colocar las exportaciones alemanas en el nivel previo a la crisis: en febrero crecieron 20% y este año aumentarían 7.5%/8%, tras caer 15% en 2009. Las ventas a China/Asia crecen tres veces más: 24%/26%. Por eso, el PBI industrial treparía 6% en 2010.
La segunda clase de países de la eurozona son los de la periferia (Grecia y España, entre otros). Experimentan una crisis fiscal y su baja o nula productividad les impide exportar, además de que el mercado al que dirigen sus ventas externas -el europeo- tiene estancada la demanda. La nueva realidad mundial surgida de la crisis (con el predominio de China, India y Brasil) profundiza esta fractura y la torna probablemente irreversible.
Los dos objetivos estratégicos de la RFA desde 1949 han sido una moneda estable y la integración europea, sinónimo de demanda ampliada para la industria alemana. Ambas metas se hicieron una sola a partir de la creación del euro (1999-2001). Hoy, para mantener su condición de gran exportador mundial, Alemania necesita orientarse hacia la demanda extraeuropea. Por eso, se desvanece -pierde su necesidad- el sentido de la integración regional.
La crisis implica para la industria alemana una radical reestructuración, obligada a competir, no en el marco europeo -que quedó atrás- sino en el contexto global, frente a los productos cada vez más avanzados de China, India y Brasil. Por eso hay un cierre masivo de viejas industrias -como las de fabricación naval-, así como las de consumo electrónico, ropa y telefonía celular, incapaces de resistir la competitividad asiática. Pero también se abren nuevas, como las de energía eólica y solar, y surge una renovada industria automotriz, centrada en la fabricación de vehículos eléctricos y en la dislocación generalizada de las terminales tradicionales, para reabrirlas en Brasil, India, Rusia y China, entre otros.

El desafío mundial que enfrenta Alemania es que, por un lado, EE. UU. experimenta un boom de productividad, mientras se deprecia el dólar en el mercado mundial. Por eso, Obama aspira a duplicar las exportaciones en cinco años. Al mismo tiempo, China -con el 10.9% del mercado mundial- aumentó sus exportaciones 47% anual en febrero de 2010 y tendría 15% o más en 2020. En tanto la RFA, no obstante el notable aumento de sus exportaciones, redujo su participación en el mercado mundial de 5.2% a 4.4% entre 2003 y 2008.
Pero la mayor prueba para Alemania es de orden interno, de carácter demográfico. Hoy tiene 82 millones de habitantes, y en 2050 tendrá entre 8 y 14 millones menos; el 25% de su fuerza de trabajo será mayor de 55 años (ahora es 15%). Por eso el ingreso per cápita caerá 8%/15% con respecto al de EE. UU. Max Weber señaló que no hay otra política más que la política mundial, y que la necesidad es la única guía de la “virtud” de los estadistas.

artículo original:

http://www.clarin.com/diario/2010/03/14/opinion/o-02159013.htm

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